ABUSO SEXUAL A MENORES, FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN FORZADA…¿DEJARÁN DE SER DELITOS GRAVES?

Por: China Camarena.

Me llegó como me llegan los Piolines de mis tías deseando buenos días o las cadenas de oración de mi abuela. Me llegó y lo primero que dije fue: Imposible, son Fake News. La imagen la había enviado mi mamá al grupo de mi familia. Era una foto de un noticiero titulada “Legisladores evitan que seis delitos sean catalogados como delitos graves”.

Cuando leí el listado de esos delitos, hubo tres que llamaron mi atención: el abuso sexual a menores, el feminicidio y la desaparición forzada de personas. Consumida ante la duda que me causaba la veracidad o falsedad de este dato, comencé a indagar. ¿Lo que encontré? Ahí les va:

Primero, los hechos:

A principios de diciembre, antes del Guadalupe-Reyes, el Senado propone hacer una reforma al artículo 19 de la Constitución buscando agregar nueve delitos a la lista de “delitos graves”.  Esta iniciativa pasa a la Cámara de Diputados, la cual propone incorporar a dicha lista únicamente tres: el robo de hidrocarburos (o ya comúnmente conocido huachicoleo), la corrupción y los delitos electorales. Y en efecto, dentro de los seis que no incorporan, se encontraban el feminicidio, el abuso sexual a menores, el robo a casa habitación, la desaparición forzada, entre otros.

Ahora, si llegaste hasta este punto del artículo y eres simpatizante del actual gobierno, tendrás muchos argumentos con qué defender a tus diputados por no haber catalogado esos delitos como graves. Tú sigue leyendo. Si llegaste hasta este punto del artículo y no eres simpatizante del actual gobierno, sacarás tu monstruo anti-Morena interior y harás coraje por esta decisión. Igual, sigue leyendo.

Segundo, sobre los delitos graves:

Los delitos graves se refieren a aquéllos ilícitos que merecen tener prisión preventiva oficiosa. ¿Con qué se come eso? A grosso modo, hay dos tipos de prisión preventiva: la oficiosa y la justificada. La primera alude a una medida cautelar que acompaña a estos delitos graves y que exige que el abogadezcamente llamado “imputado” o sea, acusado, sea encarcelado desde que lo detienen y durante todo su proceso judicial. Esto, con el fin de evitar trabas en la investigación y proteger a las víctimas y/o testigos involucrados.

Mientras tanto, la prisión preventiva justificada, denominada en muchos casos como “la puerta giratoria de los delincuentes” aunque también consiste en una medida cautelar en la que el acusado debe ingresar a prisión, éste ingresa -y este es el distintivo principal-  solo si el Ministerio Público lo solicita bajo el mismo argumento de protección a víctimas, testigos y no obstaculización del proceso.  En otras palabras, la oficiosa manda al acusado a la prisión de manera automática, y la justificada, debe ser solicitada por el MP.

Algunos de los delitos que hasta este momentos están catalogados como graves a.k.a meritorios de prisión preventiva oficiosa, son: homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo/terrorismo internacional, corrupción de personas, delincuencia organizada, etc.

Ahora, volviendo al tema de la Cámara de Diputados y su manera de clasificar los delitos, hay dos cosas que aclarar. La primera, que tras el bombardeo mediático que supuso la imagen que como mi mamá, muchos reenviaron a sus conocidos en redes sociales, dos legisladores afirmaron que: el feminicidio, el abuso sexual de menores y el robo a casa habitación son delitos del fuero común y ya son considerados como graves con diferentes penalidades, pero son sancionados en los códigos penales estatales y que el delito de desaparición forzada ya es considerado como grave”.

El otro elemento a considerar, es que según declararon los mismos dos diputados, el dictamen se someterá a aprobación en febrero para posteriormente, rebotar a la Cámara Alta. Así que tendremos que esperar unas semanas para saber si los tres delitos que propusieron, sí se incorporarán.

En este punto nos damos cuenta que el debate en la opinión pública propiciado por titulares superficiales, se queda corto, pues ya pasamos de preguntarnos quién sería tan inhumano para privilegiar la corrupción sobre el feminicidio (sabiendo que este último es parte del fuero común) a cuestionarnos qué tanto bien o qué tanto mal le hace al país, la existencia y ampliación de una prisión preventiva oficiosa.

Tercero, el debate:

En este contexto, existe un gran debate sobre el tema, pues como en todo, hay dos lados de la moneda: el de aquellos que aseguran que es una medida esencial para disminuir la incidencia delictiva en el país y el de quienes afirman que es una medida que sin duda, viola la presunción de la inocencia (la cual ya es considerada derecho humano desde el 2008) y que por tanto, es una forma de seguir criminalizando la pobreza.  ¿Qué postura es la correcta?

Cuarto, el Chinanálisis (Análisis de la China):

Para empezar, la existencia de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es, desde mi perspectiva, un mecanismo implementado con el fin de controlar el flujo de delitos, por lo que ésta supone: privar al imputado de su libertad de manera inmediata. Hasta aquí, suena a una medida indispensable en nuestro Sistema Penal y sería normal abogar para que todos los delitos gocen de éste.

Pero, la carroza se vuelve calabaza cuando aterrizamos dicho mecanismo a nuestro país, el cual carece de instituciones sólidas que deriven en procesos legales transparentes y eficientes. Por lo que en este escenario, y dado que el funcionamiento del cuerpo policiaco es débil y el de la gran mayoría de Fiscalías y Ministerios Públicos, precario, sí existe una constante violación a la presunción de la inocencia patrocinada por esta medida.

Adicional a esto, hay algunas cifras interesantes del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal que afirman que no hay una correlación real entre el incremento de delitos con prisión preventiva oficiosa y la disminución de la delincuencia en esos lugares. Echémosle un vistazo.

  1. Del primer trimestre del 2017 al 2018, se registró un incremento del 5% de víctimas de delitos por cada cien mil habitantes. En el mismo periodo, la aplicación de prisión preventiva oficiosa aumentó un 34%.
  2. Así pues, en 17 estados de la República – más de la mitad- se percibió un resultado inverso al esperado: a más imputados con prisión preventiva oficiosa, mayor número de víctimas.

Entonces, aunque es una realidad que la prisión preventiva oficiosa no es sinónimo de seguridad, existe. Por lo cual es válido reflexionar en torno a tres premisas.

La primera, que si los diputados realmente creen que ese es uno de los caminos y seguirán adelante con la implementación del mismo, entonces, que no privilegien el robo del combustible o de votos sobre delitos que realmente atentan con la integridad de la gente y comprometen vidas.

Es decir, estén o no sancionados en códigos a nivel estatal son ilícitos tan graves, que debería aplicarse toda la rigurosidad posible, entonces, ¿por qué no regirlo también bajo esta norma?.

La segunda, que el verdadero debate no debería ser entre la lista de delitos graves o no graves, sino que, debido a la cantidad de cifras que demuestra no haber relación entre esta medida y el objetivo perseguido, el Poder Legislativo debería estar debatiendo qué otro tipo de medidas se podrían impulsar para combatir realmente la incidencia delictiva en el país sin generar incrementar el número de inocentes encarcelados y el de delincuentes libres. ¿Quizá se podría empezar generando una estrategia eficiente para fortalecer las instituciones?

La tercera, que la falta de contexto en los medios, o bien, la falta de curiosidad en la sociedad,  ocasionan en mis grupos familiares de Whatsapp, una sensación de psicosis en mis tías, una indignación instantánea en mis primas feministas, y lo peor, una cantidad innumerable de conversaciones superficiales que de profundizar un poco más, bien nos podríamos evitar.

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