¡BAJEMOS LOS SUELDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS! (SEGUNDA PARTE)

Por José Cantera

 

Existe un clamor popular por bajar los sueldos de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y de los altos mandos de las instituciones públicas federales por considerarlos excesivos e inmorales. Para ello, el presidente de la República ha propuesto bajarse el sueldo y, por arte del artículo 127 de la constitución, poner un límite máximo a todas las percepciones de cualquier funcionario público (en el Poder Judicial, la COFECE, el IFT, el INAI, el INEGI, el INE, la CNDH, INEE, CONEVAL y Banxico), aunque el presidente de la República no tenga poder de mando sobre ellos.

Me ha sorprendido, sin embargo, la casi unanimidad de las voces de la opinión pública que condenan lo excesivo de los salarios de los altos funcionarios de la burocracia federal y, en específico, de los ministros de la Corte. En la anterior colaboración establecí que las percepciones mensuales netas (después de impuestos) de los ministros rondan los $230,000 pesos. Pero esto no atempera a las voces críticas: “¡Es inmoral que haya funcionarios que ganan eso!”, “¡Se trata del sector público, no del privado!”, “¡Vivimos en un país pobre!”. Muy fácil y con ganas de llegar a una posición aparentemente neutral, estas voces condenan los buenos sueldos de la cúspide del servicio público mexicano aunque critican otras medidas del nuevo gobierno de la República.

Contrario a lo que opina la mayoría, a mí no me parece a priori ni excesivo ni inmoral el sueldo de los altos funcionarios, incluido el de los ministros de la Suprema Corte (y el de los jueces de distrito y magistrados de circuito). Sin embargo, el presidente de la República tiene un profundo convencimiento sobre el significado de la “austeridad republicana”. Según su opinión  nadie debería ganar más de $108,000 pesos bajo pena de romper la moralidad pública. Pero a los que no compartimos su visión unitaria (y única) de la realidad moral, nos parece que su legitimidad democrática y electoral no le alcanza para decidir lo que pasa en otros poderes y órganos autónomos e independientes de sus órdenes, ni menos definir qué es ético y qué no lo es respecto de lo que ganan los profesionistas competentes en los mercados abiertos.

Para la mayoría de las personas –y, para mi sorpresa, también para muchas preparadas y cultas– es un acto de decencia bajar el sueldo de los funcionarios públicos de mayor nivel por una especie de solidaridad obligatoria con los más pobres de nuestro país. A mí no me lo parece pues constituye una “austeridad autoritaria” más que republicana, como pregona nuestro primer mandatario. Me explico. El rasero según el cual debemos juzgar a las prestaciones de nuestra burocracia debe ser el nivel de responsabilidad y la necesaria preparación y experiencia que requiere el puesto. Por otro lado, se debe valorar cuánto necesita pagar el Estado para hacerse de esos profesionales en los mercados laborales a los que pertenecen (abogados, médicos, economistas, contadores, administradores, etc.).

Estoy convencido que existe una responsabilidad social de los más privilegiados con los que menos tienen en nuestras sociedades. Sin embargo, los recursos de tiempo o financieros que cada quien invirtamos en ayudar a los más pobres es algo que queda a la libre determinación de cada quien. El Estado nos puede obligar a pagar impuestos y cumplir con la ley pero, fuera de esto, debe dejar que seamos lo mismo la encarnación de Concepción Béistegui que un pirrurris egoísta y majadero. Sería impropio (y violatorio de las libertades) que el Estado fijara, por ejemplo, una cuota de tiempo semanal que cada quien tuviéramos que dedicar a la asistencia social. O bien, pusiera un máximo sueldo para todos bajo la premisa de que no es ético ganar mucho dinero en un país con tantos pobres.

Por otra parte, el servicio público debe proveer las mejores soluciones para los problemas que enfrenta. Al mismo tiempo, es popular ahorrar dineros públicos. Sin embargo, si bien el principio de eficiencia de los recursos públicos –que está en nuestra constitución– es importante, no puede ser el único estándar para la labor del gobierno.

Pongamos un ejemplo. Un gobierno municipal requiere hacer una inversión pública para cambiar la red de agua potable de la localidad. Ante tal reto tiene varios presupuestos, tanto de materiales como de mano de obra. El gobierno municipal presenta un presupuesto serio en el que cotiza material de primera y mano de obra calificada, sin embargo, cuando lo discute ante el cabildo, los demás regidores y los habitantes en general juzgan que ese presupuesto es excesivo e inmoral. “¿Cómo vamos a gastar eso si se trata de un municipio de gente pobre y trabajadora?”, “¿Cómo van a ganar esos ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros más que la gente pobre que vive en el municipio?”. Para no hacer el cuento largo, el municipio autoriza un presupuesto mucho menor, con materiales de segunda y tercera calidad; ahorrando en gastos de mantenimiento, y con mano de obra no calificada. Años después (obviamente) es necesaria otra obra pública para desmantelar la primera red de agua potable e instalar una buena, a un costo mucho mayor. ¿Le suena conocido el ejemplo?

Así como el precio de los bienes y servicios, los sueldos de los profesionistas –incluidos los funcionarios públicos– deben basarse en el mercado. Por ejemplo, si queremos que los mejores abogados estén trabajando y haciendo carrera en el poder judicial (desde auxiliar de juzgado hasta ministro de la Corte), entonces debemos como país pagarles los salarios competitivos con los que cuentan. El lector puede verificar que lo que ganan los ministros (desde luego un excelente sueldo pues se trata de la cúspide de la carrera judicial) es menos de lo que perciben sus pares, los directores generales jurídicos de las grandes empresas mexicanas, así como los socios de los despachos de abogados prestigiosos cuyas demandas resuelven. Es más, hasta algunos académicos que hacen proyectos de consultoría llegan a ganar más que los $230,000 pesos mensuales que perciben nuestros ministros.

López Obrador asume que los sueldos están inflados, pero no es verdad ya que se trata de perfiles de excelencia provenientes de un mercado laboral que, de hecho, paga mucho mejor. Lo que la autoridad puede hacer es poner reglas para garantizar la competencia en procesos abiertos y justos, a fin de que los mejores profesionistas accedan a los puestos públicos. Pagarles a esos profesionistas un buen sueldo es adecuado aun en un país con grandes carencias, pues beneficia a todos, incluso a los que menos tienen, al ser esos funcionarios los que proveerán de bienes públicos de calidad al país.
Cosa diferente y muy loable es evitar que los servidores públicos, aunque con buen sueldo, tengan una vida ostentosa a cargo del erario. Si la quieren tener, que salga de su sueldo pero no del presupuesto público. Ahí está la verdadera austeridad republicana.
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