¡BAJEMOS LOS SUELDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS! (PRIMERA PARTE)

Por José Cantera

 

Era de esperarse que en un país con las desigualdades bicentenarias de México y donde acaba de ganar una retórica polarizadora y moralista en las elecciones de 2018, el tema de la reducción de los salarios de los servidores públicos sea uno muy popular.

La tensión política ha ido en aumento en últimos días pues tanto una minoría de senadores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones, que instrumenta el mandato de que ningún servidor público federal pueda percibir un sueldo mayor al que fija el presupuesto de egresos para el presidente de la República.

Finalmente, en una decisión novedosa y polémica, el ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte, suspendió los efectos de esta Ley. No se trata de la última palabra, pues aún queda el recurso de reclamación ante la Corte para impugnar la determinación del ministro Pérez Dayán y el estudio que haga la misma Corte sobre las demandas de la CNDH y de los senadores.

Hay que aclarar que la Ley de Remuneraciones no sólo reglamenta el límite superior para los sueldos y salarios de toda la burocracia federal, sino que también cuenta con disposiciones que han afectado ya a miles de servidores públicos en activo. Además, para revisar el tope máximo de los salarios de todos los servidores públicos habría que esperar a que la cifra de su sueldo que ha dado Andrés Manuel López Obrador ($108,000 pesos) sea oficial en su proyecto de presupuesto de egresos y, más aún, que esta se apruebe por una mayoría de diputados. Considerada la mayoría que tiene MORENA en nuestro Congreso, este escenario es muy probable.

Por otro lado, la Corte tendrá que estudiar cuál es el impacto de la Ley de Remuneraciones sobre el mandato, también constitucional, de que ni los ministros de la Corte, ni los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, pueden sufrir disminuciones en sus sueldos y salarios mientras dure su encargo. Además, otra pregunta a responder es cuál es la validez de la autonomía presupuestaria de las entidades federativas y los órganos constitucionales autónomos ante una posible disminución del sueldo del presidente para el año entrante y, con ella, un bajón radical al tope máximo de los salarios.

Dentro de la discusión de los salarios de la burocracia, especial foco han tenido las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente se ha referido desde siempre a que lo que ganan los ministros asciende a más de $600,000 pesos mensuales. Pero, de hecho, esta afirmación es una mentira que no corresponde al tabulador autorizado. Hay dos tipos de sueldos para los ministros en el presupuesto para el 2018. Sólo dos de ellos, que saldrán en este sexenio, ganan al rededor de $350,000 mensuales (pues entraron antes de la reforma de 2009 que ordenó que nadie podía ganar más que el presidente) y los nueve restantes ganan aproximadamente $230,000 cada mes, considerando aguinaldos, bonos, sueldos y prestaciones. De hecho, la o el ministro que ahora apruebe el Congreso de la Unión para ocupar la plaza que dejó José Ramón Cossío y los ministros que lleguen a la Corte en los años venideros cobrarían un sueldo equivalente.

Así pues, la cifra de $230,000 se ajusta al artículo 127 de la Constitución pues se trata de empleos que requieren de un título profesional (Derecho) y, por tanto, pueden exceder hasta 50% las percepciones del presidente para el ejercicio presupuestal de 2018. Además, resulta que este sueldo es 13 veces mayor que el de quien gana menos en la Corte (un oficial de servicios, $17,000). Por ello, tanto la cifra de $600,000 –que maneja el primer mandatario– como la comparación que se ha hecho con las percepciones de los ministros y el salario mínimo vigente (de sólo $2,800 pesos mensuales) son parámetros que distorsionan la discusión más allá de lo razonable. En específico, esta última comparación no es útil pues, ante lo minúsculo del salario mínimo, cualquier otro sueldo de un profesionista exitoso en México (médicos, contadores, abogados, ingenieros, etc.) en el sector público o el privado, queda como una barbaridad excesiva.  El problema de lo bajo del salario mínimo –que es urgente resolver– es independiente del monto de los sueldos de los ministros y de los altos mandos de la burocracia federal.

El sueldo de los ministros es, hoy por hoy, legítimo y legal. Pero aquí no se resuelve el problema. En paralelo con la discusión institucionalizada de la Ley Federal de Remuneraciones y el presupuesto de egresos ha corrido un intercambio mediático sobre la moralidad de los salarios que cobran los servidores públicos de mayor nivel en la jerarquía federal y, en específico, los que ganan los ministros de la Corte Suprema. Ese será tema de otra colaboración.

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