DE CORRECCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA

Por Abraham Martínez

 

La semana pasada culminó el que fuera uno de los más álgidos debates políticos de los últimos tiempos en Estados Unidos. Después de dos meses de cuestionamientos y comparecencias ante el Senado, el juez Brett Kavanaugh fue confirmado como miembro de la Suprema Corte de ese país. Un asunto que es ya de por sí complicado, por el deseo que tienen los dos partidos políticos de inclinar la balanza de lo que se percibe es, el “contrapeso de mayor peso” en esa república, terminó convirtiéndose en un espectáculo que revela lo desgastados que están los procesos de deliberación política en la que es considerada la más antigua y funcional democracia.    

La confirmación de los justices es un procedimiento que naturalmente genera discusión sobre la motivación ideológica de los candidatos. De manera muy general podemos decir que un lado, usualmente los Republicanos, favorecen candidatos originalistas, que buscan leer la Constitución sin sacarla del contexto en la que fue escrita; la contraparte busca candidatos que tiendan a interpretar los postulados constitutivos como principios que pueden adaptarse y ser entendidos de manera más “flexible”.

Pero fundamentalmente, la importancia de la Suprema Corte radica, entre otras cosas, en que es el organismo que en última instancia determina qué leyes están de acuerdo a la Constitución y cuáles no, y por tanto, asuntos controversiales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros temas sensibles como el alcance de la Segunda Enmienda sobre el derecho de todos los ciudadanos a portar armas, son decididos por esta institución. Es por eso que la confirmación de los miembros de la Corte generan un interés y expectación, sólo por debajo a lo que se ve en torno a una elección presidencial.  

A los candidatos propuestos por el presidente al Senado, se les hace comparecer, y en dichas comparecencias se cuestiona sus criterios judiciales y, principalmente, se escudriña minuciosamente la probidad del candidato en cuestión para tan importante cargo. Era obvio que el presidente Trump y los Republicanos no tendrían un camino fácil para lograr confirmar a su nominee. Pero para intentar que el proceso fuera más viable, y que el debate girara primordialmente alrededor del natural desacuerdo que puede haber en cuanto a principios, propusieron a alguien que consideraron razonablemente intachable y con una amplísima experiencia en la rama judicial.

La reputación conservadora de Kavanaugh es clara, y por tanto era obvio que habría varios sectores que buscarían bloquear su aprobación. Para los que no comparten la visión de Kavanaugh o quienes lo propusieron, la manera legítima de buscar evitar su aprobación, hubiera sido, por un lado, presentando desde el primer momento, razones de peso o pruebas de actos graves que impidieran que el candidato pudiera ser aprobado, o por medio de argumentos, intentando hacer ver que la visión que tiene de la ley y la Constitución no es precisamente la más idónea. Hasta cierto punto, las primeras sesiones de comparecencias así transcurrieron: se le cuestionaba los criterios utilizados en la aplicación de sentencias a lo largo de su amplia trayectoria, posibles conflictos de interés por su participación en la administración de George W. Bush, etc.

Sin embargo, cuando la votación para aprobarlo o rechazarlo era ya inminente, surgieron acusaciones de un presunto abuso sexual que Kavanaugh habría cometido hace 36 años. Las acusaciones fueron reveladas por la Senadora Demócrata Dianne Feinstein, una vez que la Comisión Judicial, encargada de llevar los cuestionamientos al candidato habían terminado.

A partir de ese momento, obviamente, el tenor de la discusión cambió.

Surgían muchas preguntas, entre otras: ¿por qué, si se tenía conocimiento de dichas acusaciones, se esperaron a sacarlas a la luz justo antes de pasar a los procedimientos finales encaminados a la votación? ¿Por qué, en su larga trayectoria y después de las seis investigaciones previas que el F.B.I. había realizado sobre él, incluyendo la minuciosa investigación que se le hizo antes de ser aprobado como juez del Circuito de Apelaciones en Washington, D.C.[1], no había surgido ni siquiera un indicio de que hubiera podido haber cometido un acto como el que ahora buscaba imputársele?

Las acusaciones fueron negadas contundentemente por Kavanaugh desde un primer momento, la presunta víctima, la Dra. Blasey Ford, fue invitada a proporcionar su versión, y la cobertura mediática rápidamente se volvió una cuestión dicotómica, en donde estaban los que “le creían a Ford” y los «que le creían a Kavanaugh». El culmen del debate se dio cuando la Dra. Ford presentara su testimonio y Kavanaugh su última defensa ante la Comisión Judicial, ambos poderosos discursos.

El cómo se desarrollaron las últimas semanas de todo este proceso, refleja una realidad del momento que se está viviendo, prácticamente, en todo el mundo occidental. A ya casi un año del surgimiento del movimiento #MeToo, que ponía los reflectores en la persistente realidad del acoso sexual que siguen viviendo diariamente miles de mujeres, la sensibilidad con esta problemática, que en varios sectores está normalizada, se ha ido, afortunadamente, acrecentado. Hay mucho por hacer y nadie de nosotros podemos descansar hasta que el terreno de las oportunidades esté parejo para todos y todas: construir una cultura de respeto a la dignidad y libertad de todas las personas, y donde se les valore por sus capacidades y la calidad de su trabajo es inaplazable.

Sin embargo, así como en los últimos meses se han visto avances por demás positivos, también es verdad que en ciertos casos, se ha llevado a un extremo en donde se busca tener en cuenta únicamente la versión de la parte acusadora. Entender el trauma de alguien que ha pasado por una situación así es muy difícil, y por tanto es importante no hacer más complicado el proceso para denunciar. Sin embargo, no hay que olvidar que un pilar fundamental para la correcta impartición de justicia, es el debido proceso, y por tanto, no se puede condenar a alguien sin evidencia alguna.

Decir que el testimonio de cualquier mujer es, en sí mismo, prácticamente irrefutable, se ha convertido en lo políticamente correcto, pero la realidad es que aceptar una premisa como esa termina yendo en detrimento de una cultura que busca condiciones justas para todos y todas. Lo único que es garantía de justicia, es que lo que se busque, sea la verdad y no favorecer arbitrariamente a uno u otro lado.

En el caso concreto del que estamos hablando, al final, la realidad es que la parte acusadora no logró proporcionar pruebas fehacientes de lo que se alegaba: incluso, los testigos invitados por la Dra. Ford, una de ellas amiga muy cercana, negaron haber presenciado el ilícito, y mucho menos, que este haya sido cometido por Kavanaugh (no puede descartarse que la Dra. Ford, efectivamente, haya sufrido dicha agresión, pero no hay nada que lleve a pensar que el culpable haya sido el reconocido juez).  

Hay al menos una lección que creo se puede aprender de todo este proceso. Y me parece que dicha lección es relevante para un país como el nuestro, en donde, en muchos ámbitos, todavía estamos lejos de lograr un terreno parejo para hombres y mujeres. Primordialmente, necesitamos la consolidación de un estado de derecho en donde lo determinante, no sea lo considerado correcto por la opinión pública, sino, sobre todo, la construcción de procesos institucionales que permitan impartir justicia de manera eficiente y neutral.

La impartición de justicia basada en la opinión subjetiva, abre la puerta a un uso tiránico de las instituciones que, entre otras cosas, puede destruir injustamente la reputación a personas que “ni la deben, ni la temen”, y con esto, empeorar lo que se busca mejorar.

 

[1] Podría decirse que es la segunda corte de mayor importancia en el país.

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